Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura en los últimos días apunta a regular el uso de las cámaras de seguridad instaladas y que se instalen a futuro en la vía pública de toda la provincia.

Con esta iniciativa,  obra del presidente de la Cámara, Carlos Rovira, se pretende “garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza, sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, los que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas”.

En ese sentido, se pretende adecuar la videovigilancia a las exigencias del derecho a la protección de datos, por lo que se explicita que “sólo puede emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana”; pero no “para tomar imágenes del interior de propiedades privadas, salvo por autorización judicial expresa” y “en el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente ley, deben ser destruidas inmediatamente”.

Además, el acceso a toda información obtenida como consecuencia de las grabaciones “será restrictivo a aquellos funcionarios que la autoridad de aplicación (en este caso, el Ministerio de Gobierno) determine, por razón de su función específica” y “se prohíbe la cesión o copia de las imágenes”.

“Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones debe observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas”, agrega el proyecto, que especifica además que los responsables de estos sistemas de videovigilancia “deben tener la preparación técnica necesaria para tal fin, debidamente acreditada, y se consideran garantes de la confidencialidad de los datos e imágenes obtenidas, siendo civil y penalmente responsables por los daños producidos por la difusión de las mismas”.

Todo bajo control

Para contar con este tipo de cámaras en sus respectivos municipios, las autoridades locales tendrán que suscribir los respectivos convenios con el Ministerio de Gobierno de Misiones, no pudiendo acceder a ellas o instalarlas por su cuenta. Además, los aparatos y sistemas deberán estar inscriptos en el Registro provincial que se creará al efecto.

Y aquellos establecimientos privados que instalen videocámaras en los espacios de acceso público, que también deberán incorporarse al Registro, estarán obligados a guardar por un mínimo de 30 días las imágenes que registren, las cuales podrán ser requeridas por la Justicia.

Las cámaras y los sistemas ya existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley propuesta, sean pertenecientes al Estado provincial, municipios o particulares, deben contar con la respectiva aprobación e inscribirse también en el Registro, en un plazo no mayor de un año.

Mayo-junio 2018