Seguridad-PrivadaPor Eje Central

Los contratos firmados por los Cuerpos de Seguridad Auxiliar con el gobierno federal, por más de ocho mil millones de pesos en sólo cinco años, los coloca como los policías más caros del país, que no reportan formalmente ingresos al gobierno estatal ni pueden ser auditados; sin embargo sus servicios pueden ser tan deficientes que lo mismo les roban ropa y accesorios de vestir, que un avión.
Parecen policías del estado de México, pero no lo son. Tampoco tienen registro como empresa de seguridad privada. Ninguna ley de la administración pública de la entidad los regula, ni reconoce su existencia y adscripción. Oficialmente tampoco las secretarías de Gobierno, Finanzas, ni la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), de la cual utilizan el nombre y los escudos en sus uniformes e instalaciones. Pero en sus contratos aseguran pertenecer a la autoridad estatal, lo que les permite portar armas.

Son los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), una estructura que desde diciembre de 2012 creció, se extendió por todo el territorio nacional y se benefició con contratos millonarios. Sólo en convenios con el gobierno federal, en los que han sido encomendados para custodiar y vigilar desde funcionarios de primer nivel, instalaciones vitales, dependencias, organismos y hasta reservas naturales, han recibido hasta este año más de 8 mil millones de pesos.

Esto no incluye las ganancias por contratos con gobiernos estatales y particulares, a los que también ofrecen servicios de custodia, vigilancia y traslado de valores.

El limbo legal en el que fue colocado Cusaem, a partir de 2010, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que se diluyó aún más en la administración de Eruviel Ávila, provoca que prácticamente sea imposible rastrear el destino de los recursos que han recibido. Esta policía formalmente no existe en la estructura de gobierno.

Sin embargo, información verificada por este semanario con funcionarios y exfuncionarios establece que, por lo menos, entre el 21 y 25% de todas las ganancias de este organismo llega al gobierno del estado de México, sin que la Secretaría Finanzas o la Tesorería registren su ingreso ni mucho menos el monto que representa. Tampoco es un ente auditable, porque no aparece en alguna ley o reglamento como parte de la estructura de la administración pública local, de acuerdo con las respuestas que las dependencias de gobierno emitieron a ejecentral vía transparencia.

Entre la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y los Cuerpos Auxiliares de la Seguridad Pública, sólo existe una coordinación estrictamente de carácter operativo en situaciones de urgencia, desastre o cuando fuese necesario en apoyo a la seguridad pública, en razón de estos no depende orgánica, presupuestal, programática, ni administrativamente de este Sujeto Obligado”, respondió la CESC en la solicitud de transparencia 00200/CSC/IP/2017.
Pero los contratos revelan lo contrario. En los documentos que obtuvo este semanario se afirma que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde 2014 cambió su nombre por CESC.

En todos los contratos firmados, aparecen los escudos del gobierno del estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la CESC. En el cuerpo de los documentos se asegura, por ejemplo, que “como dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana constituyen una función de derecho público, por lo que las contraprestaciones que recibe a cambio no están gravadas”.

Incluso, en las firmas de los contratos, los representantes de Cusaem lo hacen como representantes de la SSC.

Este semanario hizo 903 solicitudes de información a instituciones federales y del estado de México sobre los recursos entregados a Cusaem, sus contratos y su condición legal.  Se revisaron las contrataciones del gobierno federal y se solicitaron entrevistas con los representantes del organismo que, hasta el cierre de esta edición, no atendieron las peticiones formuladas. Además, se buscó a diputados locales y se consultó a abogados y cuatro fuentes de primer nivel para verificar los datos.

La información recabada permitió descubrir que Cusaem utiliza otros tres nombres diferentes para ofrecer sus servicios, con representantes legales y registros federales distintos: Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, y Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.

›También que, de contar con alrededor de 15 mil elementos en 2007, ahora su estado de fuerza oscila entre los 30 y 40 mil, quienes pueden ganar un sueldo inicial base entre los seis mil y nueve mil pesos mensuales, tener un entrenamiento de 15 días o de tres meses, dependiendo de la región en la que trabajen y las funciones que desempeñen.
Por si fuera poco, estos agentes —de acuerdo con las respuestas de transparencia—, no todos pasan los exámenes de control de confianza, pero sí portan armamento y equipo táctico, bajo el amparo del permiso que tiene la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional. A nivel federal y local, los cuerpos auxiliares tampoco cuentan con el registro que los acredite como empresa privada que preste los servicios de seguridad, vigilancia intramuros, guardia y custodia.

Este vacío legal y las posibles irregularidades en los contratos entre los Cusaem, con sus distintos nombres, con el gobierno federal, ya había sido identificado el año pasado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar un contrato correspondiente a la cuenta pública 2014 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que se solicitó se auditara al contribuyente para confirmar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

¿Quiénes regulan sus operaciones? ¿Bajo cuál reglamento se rigen? ¿Cuántos elementos realmente componen su plantilla? ¿A cuánto asciende y el cuál es el destino del porcentaje de los recursos que son enviados a la administración estatal? ¿Qué tipo de adiestramiento y cuáles son los estándares de permanencia para sus elementos? Son algunas de las interrogantes que oficialmente la Secretaría de Gobierno del estado de México, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Finanzas del Estado no pudieron responder cuando este semanario les formuló dichos cuestionamientos, a través del sistema de transparencia de la entidad.

Esta es la historia documentada, por primera vez, de un ente que fue utilizado desde hace más de una década por el gobierno del estado de México, y con mayor intensidad en los últimos cinco años, para aparentar ser público, pero sin el soporte legal para rendir cuentas, ser auditados ni registrar sus ingresos al gobierno estatal que cobra una suerte de cuota al Cusaem.

› RENDIMIENTO.

En 2013, Cusaem obtuvo contratos por 828.6 millones de pesos. Para 2016 triplicaron su ganancia al percibir más de 2 mil 700 millones de pesos.
230 por ciento se incrementaron las ganancias de Cusaem de 2013 a 2016.

De la autonomía
a la oscuridad
El Cusaem ha venido funcionando como un espacio de compensación política para algunos actores de las estructuras del PRI, y al mismo tiempo como una caja chica de este partido. Opera como si fuese la policía estatal, pero da servicios de carácter privado y extraterritoriales, dando servicios al gobierno de la República e incluso en otros estados, con armas que adquiere el estado de México (…) La administración (de los cuerpos auxiliares) está deshabilitada del gobierno del estado, es una administración como si fuera una empresa privada, no son sujetos de fiscalización, no los audita el órgano de fiscalización del estado de México, ni los regula ninguna ley estatal, de tal suerte que operan con absoluta discrecionalidad, y así le ha funcionado al gobierno”, acusó Octavio Martínez Vargas, secretario electoral del PRD.
En entrevista, el exdiputado de la LX Legislatura en el Congreso del estado de México sostuvo que estos cuerpos de seguridad carecen incluso de la personalidad jurídica para obtener por sí mismos los permisos de portación de arma y en consecuencia el armamento con el que operan es obtenido de la Defensa Nacional por el gobierno del estado a través de la CESC.

Las finanzas (de Cusaem) no llegan al gobierno estatal. Su administración es estrictamente autónoma del gobierno del estado, no llega a la Secretaría de Finanzas, no llega a la Comisión de Seguridad, es una administración paralela, no auditable, evidentemente funcionan como empresa privada, cobran un servicio, y pagan a los trabajadores en el orden de 30% de lo que recaudan, de lo que cobran”, aseveró el perredista, quien no ha sido el único en cuestionar el estatus de esta policía, lo mismo hicieron los candidatos a la gubernatura del estado en la pasada contienda electoral, Delfina Gómez de Morena y Juan Zepeda por el PRD, quienes propusieron regularizarlos o desaparecerlos.

Por lo menos desde hace tres años, las posibles irregularidades cometidas por Cusaem ha sido un tema en la tribuna legislativa estatal. Tal es el caso de la diputada Juana Bonilla Jaime, quien exigió en un punto de acuerdo que la ASF auditara sus finanzas, moción que fue rechazada por la mayoría priista.

Y en el Senado de la República también ha sido un tema de interés. En abril pasado, otro punto de acuerdo fue presentado por legisladores del PAN, exigieron que Cusaem sea auditado porque  han celebrado “dudosos” contratos con sobreprecios a nivel federal y sus elementos han incurrido en delitos y carecen de certificación. Tampoco se aprobó  esta propuesta por la mayoría priista.

De acuerdo con fuentes que prestan servicios al interior de una de las más de 40 regiones que conforman estos cuerpos auxiliares, quienes por cuestiones de seguridad reservaron su identidad, detallaron que la administración de cada región depende íntegramente de un comandante, quien a la vez funge como una suerte de agente de ventas en busca de contratos. Es el encargado del reclutamiento, capacitación y operación de su personal; así como de obtener los insumos para el funcionamiento de cada región.

En la percepción de los ciudadanos y hasta de especialistas esta corporación es como un “híbrido”, entre policía auxiliar dependiente de la CESC y empresa. Pero en ninguna ley orgánica están contemplados. Tres fuentes consultadas coincidieron que Cusaem ejemplifica “un negocio de la autoridad hacia la seguridad privada”.

Operan, indicó un exfuncionario consultado, con sus propios registros y controles. Detalló que un porcentaje de los ingresos de cada región se envía a la administración central de Cusaem, y de allí  a la Secretaría de Finanzas. “De ahí nadie sabe qué pasa”.

Los vigilantes más caros
Desde enero de 2013 a la fecha, Cusaem obtuvo contratos por 8 mil 130 millones 916 mil 906 pesos. Esto tan sólo en 69 dependencias que reconocieron haber firmado un convenio con esa institución. Sin embargo, ejecentral descubrió que por lo menos la Secretaría de Gobernación y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) respondieron a través de transparencia que no tenían contratos, pero al consultar el Portal de Transparencia resultó que era falso. Incluso esta última dependencia cuenta con el más costoso de todos los contratos.

El SAE firmó un contrato, del 31 de octubre de 2014 al 30 de octubre de este año, con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, integrante de Cusaem, para “servicios de seguridad, protección, vigilancia y supervisión de los bienes inmuebles” por un monto de mil 99 millones 774 mil 633 pesos.

Uno de los contratos poco transparentes es el que firmó el Tribunal Federal de Justica Administrativa, entre enero de 2012 y diciembre de 2016, por una cifra de 9.9 millones de pesos, cuyos detalles sobre la cantidad de elementos contratados y actividades fueron reservadas por cinco años.

No todas las dependencias anexaron todos los detalles que les fueron solicitados, los que sí lo hicieron, que fueron más de 50, permitieron observar lo arbitrario del precio que se paga por los servicios de Cusaem.

Por ejemplo, mientras la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pagó en 2015 poco más de 84 millones de pesos por ocho policías, al año siguiente (del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2016), ese mismo número de elementos costaron menos, 62.2 millones de pesos. Ese mismo contrato, identificado con el número DGRMSG-DCC- S-009- 2016, fue renovado a través de un convenio modificatorio en el que se acordó nuevamente un pago por 62.2 millones de pesos. Lo que significa que, en dos años, hasta el 15 de marzo pasado, Cusaem cobró 124.4 millones de pesos, por la vigilancia en la que sólo utilizaron ocho elementos.

Las cifras no cuadran, pues por sólo siete uniformados, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico acordó en marzo de este año (en el contrato DGRMSG-DCC- S-015-2017, con vigencia hasta el 15 de marzo de 2019), pagar 117 millones 802 mil 971 pesos.

El desorden financiero que toca prácticamente a cada una de las transacciones en las que la corporación mexiquense participa se agudiza si se calculan los salarios que cada elemento percibe por sus servicios.

Al revisar la información contenida en la respuesta con oficio DRHMySG/J/303/2017, que la misma Comisión Nacional de Arbitraje Médico entregó a solicitud de este semanario, se constató que los montos totales que se cobran por los servicios de vigilancia son excesivamente superiores al salario que perciben los agentes. En el caso del contrato número DGRMSG-DCC- S-015- 2017, vigente a la fecha, por ejemplo, aún y considerando el pago máximo diario para cada uno de los siete elementos contratados, en servicios de 12 por 12 horas, el sueldo quincenal sería de 3 mil 512 pesos.

En las diferentes perfiles de redes sociales, se ofrece trabajar en Cusaem por salarios que van de siete a nueve mil pesos mensuales. Incluso incluyen prestaciones como inscribirlos al Instituto de Seguridad Social y Municipios (ISSEMyM), servicio al que sólo pueden acceder empleados públicos del estado.

CUSAEM ES LA MISMA CORPORACIÓN QUE ESCOLTABA AL PRESUNTO NARCOTRAFICANTE JOSÉ JORGE BALDERAS, EL JJ, Y QUE FUERON CONTRATADOS POR LA SEDESOL, PARA CUSTODIAR A SU EXTITULAR, ROSARIO ROBLES

Por ningún lado aparecen
La Secretaría de Finanzas del estado de México, a través de la Subsecretaría de Ingresos respondió a la solicitud de transparencia, con número de folio 203041000-00199/2017, en la que se le cuestionó respecto a cuáles eran los ingresos extraordinarios provenientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que ingresaron a las arcas públicas de 2010 a la fecha, a lo cual respondió que: “no es la autoridad competente para dar respuesta a la solicitud en mención, por lo que se sugiere dirigir la solicitud directamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana o bien consultar la información en la página del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”.

Mientras que la Dirección General de Tesorería, dependiente también de la Secretaría de Finanzas, respondió que no contaba con ningún tipo de registro de la información solicitada. Es decir, oficialmente desconocía cuánto ingresa por los conceptos de servicios de vigilancia y custodia de Cusaem, según oficio 20331A000/466/2017, firmado por Roberto Alejandro Lara Turlay.

tras de las posibles anomalías fiscales en las que incurrieron los cuerpos auxiliares de seguridad resultó tras la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2014, en la que detectaron inconsistencias en la aplicación de las deductivas y penalizaciones a los prestadores de servicios que, en el caso del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, el AICM emitió una factura por dichos conceptos.

De acuerdo con la constancia de situación fiscal emitida por el SAT del prestador de servicios, es decir, del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, se observó que solamente tenía la obligación de enterar las retenciones mensuales del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, dado que la actividad económica manifestada es la “Regulación y Fomento Municipal del Desarrollo Económico” y el Régimen asignado es como Persona Moral con Fines No Lucrativos. Sin embargo, de acuerdo con los contratos celebrados con el AICM corresponden a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

En consecuencia, la ASF emitió una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el Servicio de Administración Tributaria instruyera a la autoridad correspondiente a fin de auditar al contribuyente Cusaem, con Registro Federal de Contribuyentes JPI480202UU2, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que los servicios prestados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por concepto de seguridad y vigilancia fueron contratados y facturados sin considerar el IVA.

Facturas millonarias, servicios “irregulares”
A los guardias del Cusaem igual les roban ropa, desodorantes y accesorios de vestir, que un avión.

La seguridad no es una garantía si el Cusaem está a cargo. Al menos no lo ha sido en las bodegas y predios en los que el SAE resguarda, entre otras cosas, los bienes que el gobierno federal incauta a delincuentes.

Tan sólo en Hermosillo, Sonora, entre 2015 y 2016, una aeronave, tres vehículos, cuatro motocicletas, 43 llantas, piezas de motores, hélices de aeronaves, cilindros de gas y decenas de refacciones y objetos que habían sido decomisados y permanecían bajo el resguardo de policías adscritos al Cusaem, desaparecieron.

ejecentral constató, a partir de una investigación publicada por el diario El Universal, el 24 de abril de 2016, que los robos se replicaron en instalaciones del SAE ubicadas en las ciudades de Culiacán, Ciudad Juárez, La Paz, Mazatlán, Sonoyta y Tlajomulco de Zúñiga. En todos estos, la seguridad y resguardo estaba a cargo de elementos de la corporación mexiquense.

Por estos servicios, y aunque sus bodegas han sido prácticamente saqueadas, el SAE ha mantenido el contrato con Cusaem y le pagará mil 99 millones 774 mil pesos, con el que firmó el contrato SAE/00352/2014 a través del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, una de las empresas con las que la corporación ofrece servicios de seguridad privada. Este es el contrato más jugoso que el Cusaem mantiene vigente con algún ente público del gobierno federal.

Desde el 31 de octubre de 2014, Cusaem recibe pagos millonarios a cambio de servicios de seguridad, protección, vigilancia y supervisión, pero no se sabe cuántos elementos fueron contratados por el SAE para garantizar la seguridad de sus instalaciones; sin embargo, los pagos se han hecho puntualmente, pues el contrato sigue vigente. Esta transacción es uno de los ejemplos de opacidad más evidentes sobre los contratos que la corporación firmó entre 2012 y el primer trimestre de 2017, con el consecutivo SAE/00352/2014, no puede ser consultado.

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México además de ofrecer seguridad a instituciones públicas, presta servicios de escolta y protección a empresas y particulares en varios estados del país. Y ha sido en este tipo de contratos en los que se han visto involucrados en posibles delitos, uno de los casos más conocidos fue el de José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, presunto narcotraficante acusado de balear al futbolista paraguayo Salvador Cabañas, en el Bar Bar de la CDMX, el 25 de enero de 2010.

En otro suceso también coincidió, integrantes de Cusaem se vieron involucrados en el llamado caso Sayavedra, ocurrido en junio de 2013, cuando un agente municipal y al menos ocho agentes del Cusaem balearon “por error” a la arquitecta Alicia Rivera, al interior del fraccionamiento Condado de Sayavedra, en Atizapán.

Y son estos policías auxiliares los que por lo menos de agosto de 2013 a febrero de 2014, la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contrató como “escoltas en motocicletas para su seguridad y resguardo”. En total, durante la administración de Robles Berlanga en la Sedesol, se erogaron 63 millones 154 mil 645 pesos, por los servicios de Cusaem.

69 ENTIDADES del gobierno federal, reconocieron haber firmado contratos con Cusaem
Sin adiestramiento comprobable
La mañana del 17 de abril de este año, Roberto Correa, elemento activo de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del estado de México asesinó de un disparo en la cabeza a Miguel Ángel, un joven de 32 años quien trabaja como cargador en la bodega de una tienda departamental en Parque Tezontle al oriente de la Ciudad de México. Según la versión del policía de 48 años, quien trabaja como guardia en la misma plaza comercial, estaba jugando con su arma cuando esta se detonó.

Sin una pertenencia orgánica al interior de la estructura de la administración del estado de México, resulta complejo determinar si Roberto contaba con la capacitación y la acreditación de control de confianza requeridos para mantenerse en funciones y con la licencia de portación de arma vigente.

Y eso ocurre con los elementos que integran los Cuerpos, porque de acuerdo con los registros del Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM), la cantidad de elementos del Cusaem evaluados y aprobados pasó de 356 en 2015, a tres mil 929 efectivos al cierre del año pasado. Es decir, ni 10% del personal, a pesar de que por ley es obligación del gobierno estatal evaluar a todas las policías, sean públicas o privadas.

›Por si fuera poco, funcionarios al interior de esta corporación reconocieron que debido a la demanda de servicios que registran las regiones, en muchos de los casos los nuevos reclutas apenas se capacitan 15 días, para que empiecen a custodiar o vigilar instalaciones o cualquiera de los servicios que cubren.
Según la respuesta que este Centro de Control de Confianza ofreció a este semanario, respecto a la estadística de los integrantes de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del estado de México que fueron evaluados, aprobados y reprobados como parte de los exámenes de control de confianza, en 2014 sólo se contabilizaron 50 elementos valorados, de las cuales 46 resultaron aprobados y el resto no acreditaron las pruebas. Para 2015, el número aumentó a 356 evaluados (343 aprobados y 13 no aprobados), tres  mil 902 aprobados y 27 reprobados para 2016, y para el primer cuatrimestre de este 2017 ya se tenía un registró de 566 elementos aprobados en control de confianza y nueve restantes que reprobaron.

Durante la entrega de su Quinto Informe de gobierno, el propio gobernador, Eruviel Ávila Villegas, dentro del capítulo Certificación policial, profundizó más en el limbo legal del Cusaem, al sostener que esta corporación auxiliar es un ente privado, avalado por el CCCEM.

Nuestra entidad es la segunda con mayor estado de fuerza policial con 50 mil 262 elementos, los cuales se encuentran evaluados que representa 99.6% de cumplimiento, cifras avaladas por el CNCA. El resto se encuentra en proceso de acuerdo con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). Asimismo, con la finalidad de contar con elementos de seguridad privada confiables, el Centro de Control de Confianza del Estado de México ha evaluado a dos mil 576 elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM); 727 elementos se encuentran en proceso de emisión de resultados”.
Fue la única mención que ha hecho el hasta este jueves gobernador del estado de México, y con ella confirmó la irregular condición del Cusaem, pues de ser esto cierto debería contar con permiso estatal y federal como empresa privada de seguridad; además de su permiso para la portación de armas, y no incluir en sus contratos a la SSC o CESC.

Septiembre-octubre 2017