La privatización de la seguridad pública. El fenómeno de la proliferación de empresas de seguridad privada y la financialización del Estado.

Las empresas de seguridad privada son entidades comerciales legalmente registradas que proporcionan a base de contratos servicios de seguridad, incluso militar – independientemente de operar en situación de conflicto-, cubriendo campos de actividad amplios desde: la protección de personas, bienes, propiedades, mantenimiento de operaciones y sistemas, armamento, así como operaciones de inteligencia y vigilancia.

En las recientes décadas se ha incrementado el fenómeno de proliferación de empresas de seguridad privada en una perspectiva global y aunque no se cuenta con cifras exactas para el sector, incluyendo la parte informal, algunos estudios datan por ejemplo 50,000 efectivos en Argentina, para Brasil entre 70,000 y 100,000 y para México entre 240,000 y 600,000 en el año 2010. Un informe realizado por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, que abarca 70 países en 2011, estima que el sector a escala mundial emplea alrededor de entre 20 y 25 millones de personas, se encuentra en constante crecimiento desde la década de los años 80 y hoy día la cantidad de efectivos de policía privada supera a la cantidad de efectivos de policías “normales” a nivel mundial con empresas en función desde pequeñas con algunas docenas de empleados, hasta grandes corporaciones con cientos de miles.

Esta progresión multiglobal se genera bajo tonalidades diferentes a ritmos desiguales. A inicio de los años 80, Francia  pasó de 100,000 a 160,000 para 2010, Japón de 70,000 a 460,000 y Sudáfrica de 160,000 a 390,000; en esta tendencia, el fenómeno es más importante de manera general en la región de América Latina, donde crece en proporción de 3 a 1.

¿En qué medida esta proliferación de empresas de seguridad privada obedece a una característica profunda y propia del estado contemporáneo que predomina en nuestras sociedades? Matari Pierre, economista,  politólogo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador del seminario: En torno a la mutación del estado contemporáneo: la privatización de la seguridad pública; busca formular algunas hipótesis  de explicación para el fenómeno. Dice que éste no concierne únicamente al aspecto policiaco de las funciones de seguridad sino también a las Fuerzas Armadas ya que ejércitos y agencias gubernamentales en Occidente han institucionalizado poco a poco la subcontratación de estas funciones a fin de liberar personal armado, argumentando que el sector privado puede ser contratado y despedido más rápido que el personal tradicional, desplegándose por tanto de manera más flexible, lo que es conveniente para un estado a largo plazo, en lugar de mantener una capacidad militar interna permanente.

Para explicar los elementos que permiten la proliferación empresas de seguridad privada en el aspecto policiaco y militar, el politólogo señala que la tendencia a la reducción del tamaño del Estado desde los años 70 y 80 con las reformas neoliberales, incluidas en las instituciones de seguridad pública, han contribuido poderosamente al crecimiento de las empresas de seguridad pública y las  funciones que previamente fueron del Estado son cada vez más subcontratadas a fin de ahorrar recursos financieros y humanos dentro de ministerios y agencias gubernamentales; lo que implica primero que la brecha  abierta en el sector público es tomada por empresas privadas teniendo como clientes a gobierno, corporaciones, organizaciones internacionales, misiones de mantenimiento de paz y parti-culares; y segundo que la reducción del personal de seguridad del estado crea un grupo permanente de mano de obra disponible y capacitada, la cual es empleada por las empresas privadas o los individuos crean la suya.

Esta tendencia a la subcontratación de funciones de seguridad privada es lo que Matari Pierre llama “ financialización del Estado” con la introducción del arbitraje mercantil y del principio de competencia y valorización en la organización de los aparatos institucionales en la gestión pública; lo que incluye también el outsourcing, es decir el que una sociedad mercantil transfiera recursos,  responsabilidades  y tareas a una sociedad externa, lo que afecta en particular a las instituciones a cargo de la ejecución del poder. “El outsourcing afecta el corazón del Estado ya que en las instituciones a cargo de lo que tradicionalmente se considera como el monopolio de la violencia física y delictiva implica una apertura de funciones por parte de éste a mercados abiertos a la inversión privada” argumenta.

Este nuevo modelo de control de gestión social se extiende a todas las funciones del monopolio de la violencia física y simbólica, a lo que el investigador concluye que genera tensión entre la gestión de los asuntos de la comunidad y la  reproducción de las condiciones de dominación que estructuran la sociedad;  funciones esenciales del Estado.

Sin duda este fenómeno global es parte de la transformación de los estados actuales que invita a formular interrogantes sobre sus características distintivas  y contradicciones.

Mayo-junio 2018