Seguridad-Publica

Ernesto López Portillo periodista y consultor en materia de seguridad habló en días pasados sobre la situación de inseguridad en nuestro país donde los periodistas trabajan con la pluma y representan a todos en una aspiración de libertades, sin embargo los están exterminando uno tras otro sin castigo; un colapso explícito y evidente que tiene la autoridad civil ante la violencia que está mostrando los vacíos de poder del Estado donde un número indeterminado de personas armadas salen a matar en este país.

La Fiscalía Especializada para la Atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR, contabiliza 105 periodistas asesinados de 2000 a 2016, con detención y castigo cero; actualmente una cantidad importante de estos homicidios han sido a plena luz del día, señales de poder de estos grupos armados que viven de matar y del tamaño de la certeza con la que viven su propia impunidad, afirma López Portillo, pues los homicidios en general en México no son castigados y menos los que tiene que ver con el crimen organizado.

Estamos ante el producto del vacío de la autoridad civil construido desde hace mucho tiempo, si el problema es la violencia más es la confusión que la sociedad tiene frente a ella perdiendo así la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal: “Si los discursos, normas nacionales e internacionales, programas, reformas institucionales y un presupuesto público que no ha parado de crecer desde 1994 no han sido suficiente lo que sigue es que hablen las armas donde  ganará quien posea más”.

Las conductas criminales no se detienen sin castigo y no se detienen sin prevención, no hay una buena investigación o un buen fiscal, en cambio el gobierno se organiza para sacar adelante una ley que regulará el despliegue militar en las calles, que no es la solución pues sí se necesita de un Estado capaz de someter a las y los violentos, pero con la ley en la mano. “Hay que partir de que como sociedad tenemos normas, derechos y constitución; no es ponerse del lado de los delincuentes. Esta sociedad critica tanto la actitud de los criminales como de los defensores, lo que se debe pedir y sostener es la legalidad, detenciones y juicios justos ante los delitos cometidos”.

En su opinión la experiencia de la injusticia cotidiana es lo que lleva a la gente a decir “ya no más, hay que acabar con ellos” pero si el gobierno persigue a los criminales haciendo lo mismo que ellos no se puede hablar de un Estado, y esto  genera el desacuerdo en esta sociedad ya cansada. Si la decisión en México es usar la fuerza letal como primera medida frente a la violencia se tendrá más violencia, al retirar a la autoridad civil para que entre una militar entrenada para utilizar el uso máximo de la fuerza, “las personas que piden que los militares nos defiendan y que hagan su trabajo tienen razón en términos de su desesperación ante el desamparo en que se encuentran pero hay un error al esperar que la violencia sea contenida con la propia violencia” afirma el periodista, quien opina que el problema de fondo es que la población continúa votando por quien ofrece seguridad y no la da, lo que refleja la pobreza en las propuestas de los candidatos en esta materia que continúan con propuestas precarias que no invierten y construyen partir de lo que sí ha funcionado en materia de reducción de la violencia como los son políticas integrales que intervienen en el tejido social e institucional y corrigen las causas profundas de la violencia. México es una fábrica de desocupados donde en algunos lugares ya es aceptado culturalmente el crimen organizado como una opción, el problema es lo que causa la violencia, ahí es dónde se debe trabajar.

Hablando sobre el caso de guerrero específicamente, el incremento de las fuerzas armadas y el despliegue militar, López Portillo comentó que este despliegue de los militares ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, con incremento presupuestal y seguridad pública, una inversión por parte del Estado en la misma fórmula que no funciona lo que genera la normalización de la entrada armada militar frente a grupos criminales ya pulverizados que se han fragmentado por la intervención del estado, surgiendo  así nuevos y más violentos liderazgos criminales como ocurrió en los años 80 en Colombia. Entre más presión hay de la violencia y más crece, más urgente es la reingeniería institucional y de políticas públicas pero menos espacio se tiene para hacerlo porque la propia presión de la violencia genera tomar decisiones que combatan y sofoquen momentáneamente los puntos de fuego.

Ley de seguridad interior

Para el periodista varios diputados y senadores concluyen que es más urgente que nunca la Ley de Seguridad Interior, en su opinión ellos forman parte del “sector que cree que un militar que es atacado tiene que llamar a muchos más para atacar”. La Ley de Seguridad Interior estará nuevamente en discusión en un pronto periodo extraordinario y ante esta situación existen otras propuesta que buscan una solución conjunta que disminuya la violencia, como ejemplo, el colectivo “Seguridad sin guerra” se encuentra trabajando para entablar nuevamente el dialogo y presentar evidencia y diagnósticos duros que ayuden a la toma de las mejores decisiones; su propuesta es la realización de un plan progresivo de mediano y largo plazo de retiro de las fuerzas armadas acompañado de un plan de reingeniería y mejora de las autoridades civiles, policías y políticas de prevención. Por su parte, la iniciativa México sin homicidios cuenta con un mapa de ruta para políticas públicas de reducción de homicidios, sin embargo gobierno municipal, estatal y federal hasta hora han hecho caso omiso del lanzamiento de esta campaña.

Julio-agosto 2017