El secretario de Defensa suele ser un personaje que no figura mucho en el gabinete mexicano. Los generales que han ocupado el cargo optan por un perfil discreto, alejados de los reflectores y poco dispuestos a hablar con la prensa. Este jueves, sin embargo, las palabras de Salvador Cienfuegos sobre 1481220902_482624_1481221385_noticia_normalel desgaste del Ejército en los diez años de la guerra contra el narcotráfico han marcado la agenda. “Esto no se resuelve a balazos”, dijo el general sobre la violencia a un grupo de periodistas.

Los diez años de violencia de la guerra contra el narcotráfico han dejado más de 100,000 muertos, cerca de 30,000 desaparecidos y 35,000 desplazados. Ante este panorama, Cienfuegos dijo estar en favor de que el Ejército deje las calles y vuelva a los cuarteles. “Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales”, dijo el general al recordar que el ministerio que encabeza fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior está a cargo de la Secretaría de Gobernación (Interior).

El general Cienfuegos habló con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las fuerzas armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó.

El general también reclamó a los políticos encargados de las estrategias de seguridad por el debate de la Ley de Seguridad Interior. El texto, que ha sido materia de estira y afloja entre militares y políticos, modifica el artículo 89 constitucional, que regula las tareas de las fuerzas armadas. Una de ellas es la de asumir las funciones de seguridad pública de corporaciones policiacas corruptas o incapaces de enfrentar a la delincuencia organizada. El Ejército y la Marina han dicho públicamente que no están capacitados para llevar a cabo esas tareas. Los defensores de derechos humanos han criticado la ley porque consideran que podría permitir declarar el estado de excepción en algunos sitios del país.

“Es la Secretaría de Gobernación (Interior) quien debe estar insistiendo en que esta Ley se promulgue, pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años y los que estamos confrontando los problemas somos nosotros”, criticó. Cienfuegos aseguró que el vacío legal ha hecho que en ocasiones los militares prefieran no actuar para evitar ser sancionados por los tribunales castrenses o procesados por la vía civil. “El día que resbalemos nos pasará como al equilibrista. Vamos a caer y no hay red”.

No solo los políticos fueron el centro de las críticas de Cienfuegos. El secretario de la Defensa también criticó el papel de los jueces. Dijo que el poder judicial ha creado una “puerta giratoria” que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque “argumentan violaciones a sus derechos humanos”. “El nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como debiera ser para que tengamos en la cárcel a quien está haciendo daño a la sociedad”.

En octubre, la Procuraduría General de la República (Fiscalía General) informó de que tiene abiertos 39 expedientes de desaparición forzada en los que podrían ser responsables elementos de las fuerzas armadas. Defensa estaría involucrado en 21 casos, mientras que la Armada en 18. La mayoría de las desapariciones (21) se han registrado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Un mal año

El general Salvador Cienfuegos reconoció que el 2016 no ha sido bueno en materia de seguridad por el repunte de varios delitos. “Al ciudadano no le importa si aseguran muchas toneladas de droga o se detiene a determinados personajes, lo que le preocupa es que no le roben, que no lo extorsionen y no lo secuestren”. Las cifras del Gobierno mexicano revelaron un aumento de estos delitos en octubre. Con 144 secuestros, hay que remontarse al verano de 2014 para encontrar una cifra peor.

Noviembre-diciembre 2016