Nota-Cupula-EmpresarialEstimados Amigos de COPARMEX,

Para alcanzar un verdadero bienestar y también para retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan que México financié proyectos productivos y con ello se creen empleos de mayor calidad y mejor remunerados, es preciso atender los temas estratégicos para el país, uno de los cuales sin duda es resolver y abatir el clima de inseguridad que se refleja en altos costos para las personas, las familias y las empresas.

En México la incidencia delictiva esta alcanzado niveles alarmantes en muchas entidades del país. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó recientemente que mayo fue el mes más violento de los últimos 20 años al contabilizarse 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso, ésta es la cifra más alta desde que se inició el registro, en 1997.

Este dato significa que cada hora se cometieron en México tres asesinatos.
Las mediciones internacionales señalan también que el costo del crimen y de la violencia son los principales frenos a la competitividad, pero más allá de estos indicadores, en nuestras visitas a los Centros Empresariales de todo el país, los socios y los consejeros de COPARMEX nos han expresado su inquietud creciente por el alza de los delitos como homicidios, robos a comercios y en general por disputas de grupos delictivos, que se traducen en una afectación de la tranquilidad en las ciudades y en los estados.

En Veracruz, por ejemplo, fue asesinado un comando de la Policía Federal y junto con él también fallecieron otros miembros de la corporación y algunos fueron heridos, en ese mismo estado se han reportado ejecuciones en las que incluso han sido afectados menores de edad.

En Sinaloa, tan sólo en el último fin de semana murieron 30 personas producto de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos que se disputan el control del mercado de las drogas. En otras entidades como: Chihuahua, Michoacán y Guerrero se reportaron enfrentamientos y ejecuciones.

La violencia no solamente está presente entre los miembros de los grupos del crimen organizado ha alcanzado la sociedad civil entre ellos a los periodistas. Basta señalar que en lo que va del año han sido asesinados siete comunicadores y hay denuncias de múltiples amenazas de muerte a reporteros de todo el país, por su labor informativa.

Expresamos desde Coparmex nuestra solidaridad a las familias de las víctimas de todos esos ilícitos y exigimos que cada uno de ellos se investigue hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad en México.

Tampoco podemos perder la capacidad de indignación ni mucho menos acostumbrarnos a este tipo de crímenes como algo cotidiano de nuestro país. Esta lastimosa realidad requiere con urgencia que todos aportemos a una serie de análisis sobre los cambios estructurales y tácticos que se necesitan en México en materia de seguridad.
Reiteramos que el modelo de incorporación de las tareas de seguridad que se concentraron en la Secretaría de Gobernación debe de ser revisado a fondo. Diversos analistas y expertos han puntualizado que se cometieron algunos errores de diseño y que éste modelo debe de ser revisado de nueva cuenta.

Por otra parte es impostergable que los gobernadores y los alcaldes asuman plenamente y cuando antes la responsabilidad primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los ciudadanos, tal como está previsto en los Artículos 21 y 115 de la Constitución, donde se describe con plenitud el nivel de facultades por orden de gobierno en materia de seguridad.

Asimismo, acudiremos al Congreso de la Unión para demandar que en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1º de septiembre se discuta y analice el marco normativo para la Fiscalía General de la República, también para que se revise cuanto antes el marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia que nos permita abatir los índices altos de criminalidad. COPARMEX entregó ya a la Cámara de Diputados una propuesta sobre un decálogo de acciones con estas iniciativas.

De la misma manera, demandamos que se retome la discusión de la Ley de Seguridad Pública que contempla el mando mixto para coordinar los diferentes cuerpos policiacos. Ya fue aprobada una minuta en esta materia desde el mes de noviembre 2016 en la Cámara de Senadores, pero permanece siendo pospuesta su dictaminación en la Cámara de Diputados.
Y en tanto se resuelve el marco normativo y se revise el diseño institucional de los cuerpos y corporaciones de seguridad el sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes.

Es urgente que se actualicen también los códigos penales para que haya una revisión exhaustiva de la tipificación de los delitos, y sobre todo una correcta instrumentación a efecto de que criminales no vuelvan a las calles prácticamente de forma inmediata, debido a la clasificación de los delitos que se les imputan.

Con estas acciones y propuestas el sector patronal reafirma su compromiso de trabajar y aportar propuestas que coadyuven a identificar los focos rojos en materia de seguridad y a diseñar nuevas formas de coordinación y gestión eficaces, para abatir los delitos que más afectan a la sociedad.

Muchas gracias

Mayo-junio 2017