Por Jorge Ferreira

La seguridad privada no es paramilitarismo. Experiencia en política pública del sector puede y debe, como objetivo principal, contemplar garantías a los DDHH. Más armas en las manos correctas pueden disminuir el crimen, y menos armas en las manos equivocadas mantendrán constante el crimen, basta con corroborar los datos de Medicina Legal de los últimos 10 años o los indicadores del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que aunque la tasa de homicidios haya disminuido sigue siendo de las más altas del mundo.

Las reformas constitucionales para la garantía de derechos se sujetan a los instrumentos de política pública, en este caso el sector seguridad y defensa (lo que determine la ley, dicen artículos y parágrafos). Legalizar el porte y tenencia de armas y establecerlo como derecho constitucional no significa que vayamos al supermercado y compremos un fusil, una mini uzi, un revolver o una semiautomática Cordova por cierto de fabricación Colombiana.

No es tal cual la segunda enmienda de los Estados Unidos. El derecho implica el diseño de política pública con todos los sectores y actores involucrados. Identificación, diagnósticos, estrategias planteamiento de problemáticas causas efectos y toda clases de instrumentos acciones e inacciones para una mejora en indicadores de seguridad ciudadana y nacional.

Ciertos sectores responden con burla y algunos otros preocupados desde la base de supuestos y preconceptos sobre el porte de armas, como si las armas fueran las malas y no las personas. John Stossel periodista y escritor Estadounidense comenta que obviamente las armas no deben estar en manos de personas mentalmente inestables, y es claro que en EEUU hace falta un control mucho más efectivo.

Para nadie es un secreto la ineficiencia e ineficacia del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el respeto por derechos tan importantes como la propiedad y la vida, por lo tanto es menester plantear la seguridad privada desde la sociedad civil, que puedan tener similares o iguales funciones, deberes y responsabilidades a la fuerza pública.

La preocupación que surge en Colombia es la que compara la seguridad privada con el paramilitarismo, comprensible teniendo en cuenta lo vivido en el país a lo largo de las últimas décadas. Pero es precisamente la experiencia la que permite hacer mejoras en el diseño de la política que, como objetivo, debe contemplar la garantía a los derechos humanos.

En un país que afronta la extorsión, en el que se viola el derecho a la propiedad privada, y en donde los homicidios están a la orden, restricciones como el porte de armas violan el derecho a la libertad. Y hay que recordar que libertad significa responsabilidad. Las armas reducirían el crimen, cosa que demuestran indicadores mundiales.

La tasa de homicidios comparativa en países como Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Suiza, los primeros con restricción al porte de armas, son contundentes. Según datos del Banco Mundial, de la base de datos estadísticos de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para 2016, la tasa de homicidios para Colombia era de 26, Venezuela 56, Estados Unidos 4.9 y Suiza 0.5.

Apelando al principio de objetividad, según el reporte del FBI de datos de la agencia del departamento de salud de ese país, entre 2014 y 2016 el homicidio por arma de fuego aumento un 31%. No sin desconocer que la tasa se mantiene muy baja y más si se contrasta con Colombia de 4.9 a 26, para 2017. Y en Colombia, según el informe Forensis de Medicina Legal, de 11.334 casos, el 71.66% fue con proyectil de arma de fuego. Es evidente que al delincuente no le importa si es legal o no el porte de armas.

Por último, el caso de Chile es bastante interesante, al igual que Colombia también tiene restricciones, pero es más flexible en la tenencia. Allí, la tasa de homicidio es de 3.4, baja; y al contrario de Colombia tiene un IDH 0.823 alto y es comparado con países como Noruega, Suiza y Australia además de estar en el puesto 37 de países más libres y no tiene problemas de seguridad graves.

Son comprensibles los prejuicios y supuestos sobre el tema de las armas, pero los datos no mienten. Habrá variables de pobreza multidimensional, pero la propuesta para Colombia no se trata de armar a cualquier persona, sino de armar a quien tenga las competencias del manejo de armas, capacitación constante y exámenes periódicos; todo articulado a una política pública que le de espacios a la sociedad civil y al mercado desde la misma eventual garantía del derecho constitucional.

Noviembre-diciembre 2018