Nota-Seguridad-PublicaPor Lourdes Loza

TIJUANA, Baja California.- Las autoridades deben evitar la militarización de la seguridad pública y tomar en cuenta una perspectiva desde los derechos humanos para evitar los casos de tortura y las detenciones arbitrarias, declaró Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos.

Entre los años 2008 y 2012 detectaron a 150 víctimas directas de tortura en Baja California, casos en los cuales se registró la participación de elementos de las policías municipal y estatal, así como miembros del Ejército Mexicano.

“La militarización de la seguridad pública es la raíz de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la estigmatización y la discriminación de los grupos más vulnerables de la población”, manifestó Ramírez Baena.

La seguridad pública es un derecho humano, destacó que las autoridades poco lo reconocen como tal y no incluyen una perspectiva de derechos humanos dentro de los proyectos para garantizarla mientras se trata de erradicar a la delincuencia.

La intervención del Ejército en los temas de seguridad pública no solo afecta los derechos de la ciudadanía, indicó; los mismos elementos de las corporaciones se ven afectados con las conocidas depuraciones o despidos masivos de personal.

Señaló que la falta de cultura de denuncia por parte de la ciudadanía, con base en el temor de sufrir represalias, es otro de los factores que contribuyen a que no se traten adecuadamente los casos de tortura, detenciones arbitrarias o los cateos a propiedades sin orden emitida por un juez.

Mayo-junio 2017