¿Es la seguridad privada autoridad o no? ¿Cómo considerarlos? ¿Qué régimen jurídico aplicar? ¿Dónde se regula a nivel constitucional? Son cuestionamientos que deben analizarse y responderse pues el tema de la seguridad privada  requiere de estudios enfocados desde el punto de vista científico al igual que una metodología con mayor rigor  para así  poder llegar a cuestionamientos y conclusión no únicamente desde el punto de vista empírico sino también social, jurídico y político.

En otros países de América Latina y Europa la seguridad privada sí forma parte del Sistema de Seguridad Pública pero son entidades completamente distintas, la primera es autoridad en un sentido jurídico lo que implica tener el poder del imperio de la ley, la fuerza y el uso de está; una empresa de seguridad privada no tiene  esta capacidad por lo que no puede considerarse como una autoridad, se le trata de un auxiliar del propio Sistema Nacional de Seguridad, también varía esta cuestión al ser más o menos estrictos en cuestión de regulaciones.

En opinión del Maestro Teodoro Serralde Medina, investigador en las líneas de administración pública y seguridad privada; España es de los países que cuenta con una mejor regulación, de las primeras a nivel mundial, han avanzado con reformas sobre todo en el sistema de capacitación. Recordemos que la licitación mexicana tomo como base a la española pero “falló” en cuestión de la capacitación, el principal factor que tienen los elementos españoles de seguridad privada es en el esquema jurídico y administrativo que les permite y exige mayor capacitación y la aplicación de exámenes de conocimientos para poder obtener lo que ellos llaman “tarjeta de identificación personal”, una especie de patente que  permite operar a los guardias de seguridad. Partiendo de este punto desde la perspectiva de Serralde las policías privadas en México forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero no implica que puedan actuar como un elemento policiaco, su función es de manera preventiva, de apoyo,  para que las autoridades actúen dentro del ámbito de sus funciones y puedan realizar los actos de autoridad correspondientes.

La Ley General del Sistema de Seguridad Nacional Pública les da el tratamiento de auxiliares en el sistema, “es un híbrido al cual el Estado impone ciertos requisitos para que puedan realizar las actividades de seguridad” dice,  siendo el Estado quien tiene el monopolio de la seguridad y el único que puede permitir, siempre y cuando se cumplan, los requisitos para la participación del otro. Dentro de la seguridad privada se manejan cuestiones públicas en un régimen privado.

Aun así en el país se está generando anualmente un 10% de crecimiento en las empresas de seguridad privada. En los últimos años ha aumentado entre 30 y 40%. Muchos dirían que esto responde a una cuestión de inseguridad, el también ex servidor público, opina que no necesariamente es así pues también es un indicativo de crecimiento económico ante la llegada de otras empresas y grupos extranjeros que necesitan de proteger su inversión; y es a partir de esos esquemas que se generan otros preventivos porque la seguridad privada no  implica únicamente guardias, abarca una serie de modalidades diversas como: prevención, seguridad electrónica, monitoreo, sistemas de protección civil, análisis de riesgo, todo a fin de poder disuadir el delito y la inseguridad pues “ la función de la seguridad privada realmente es preventiva, la parte reactiva corresponde al Estado que puede aplicar el uso de la fuerza”.

Un punto importante y particular en México es el tema de la regularización lo que también se refleja en la concentración  de empresas, primordialmente en el centro norte,  después en occidente, el noroeste y finalmente en el sureste. “La propia complejidad de la regulación hace que las empresas vayan moviéndose a las regiones donde puedan llegar a tener mayor situación para poder evadir la ley” comenta Serralde, por lo que opina es que es necesario que exista una ley general que regule los servicios de seguridad privada y establezca las bases mínimas, un registro nacional y que genere un sistema nacional de regulación de seguridad privada donde las autoridades en lugar de competir por las facultades se coordinen para poder identificar aquellos prestadores de seguridad privada que están fuera del marco legal  y así poder trabajar de acuerdo con una distribución de competencias para generar datos verdaderos y confiables que permitan un control mayor. “La política pública del Estado tiene que facilitar el registro porque nos interesa identificar a la persona para poder pasar a la etapa del análisis de la información y después al análisis del servicio que permitiría generar un vínculo con la seguridad pública”.

Mayo-junio 2018