Nuevamente se intenta restringir la libertad de expresión de ideas, esta vez bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Efectivamente, en el respectivo proyecto de ley, que se discute en el seno del Congreso, se propone la creación del Delito de Terrorismo Cibernético o Ciberterrorismo en los siguientes términos: “Comete este delito quien, con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y/o cualquier otro, utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar, con el objeto de generar, infundir temor, causar alarma, intimidar a la población, o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas, será sancionado con prisión de diez a quince años”.

En Guatemala, desde la apertura política de 1985 se inició una etapa de un mayor respeto institucional del ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Pasamos de un lapso de oscuridad, represión brutal y de absoluta intolerancia, a un despertar de la exteriorización de la conciencia y del pensamiento. A lo largo de estos años, se han venido removiendo obstáculos en materia de libertad de expresión de ideas. Son elocuentes en ese sentido la supresión de la colegiación profesional obligatoria de los periodistas y comunicadores, así como la abolición, por sentencia del Tribunal de lo Constitucional, del Delito de Desacato, que sancionaba con privación de libertad a “quien amenazare, injuriare, calumniare o de cualquier otro modo ofendiere en su dignidad o decoro a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.

En todo caso, la Constitución establece que “es libre la emisión del pensamiento por cualquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa” y que “este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Esto supone que el ejercicio de la libertad de expresión de ideas no puede censurarse ni restringirse mediante ley o disposición gubernativa.

Además, nuestra Carta Magna limita la responsabilidad penal o civil a “quien en uso de esa libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral”, extremo que impide que se sancione otra conducta que no sea la falta de respeto a la vida privada o a la moral. Por otro lado, la Constitución dispone que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, que, precisamente, fue el fundamento para abolir el Delito de Desacato.

Adicionalmente, la pretensión de incorporar en el Código Penal el Delito de Terrorismo Cibernético o Ciberterrorismo está calcada en las Normas Deontológicas contenidas en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, decretada y promulgada durante el régimen de Rafael Correa (2007-17), que otorgan al Estado la potestad de enjuiciar la veracidad, objetividad e imparcialidad de los contenidos periodísticos, cuyo proceso de derogación está por iniciarse en Ecuador, bajo el gobierno de Lenín Moreno.

Por otro lado, debe tenerse presente que la Constitución también dispone que todo lo relativo a la libertad de expresión de ideas se regula en la Ley de Emisión del Pensamiento, en la cual, por cierto, están contenidos los delitos y faltas en la emisión del pensamiento. Por tanto, si se desea incorporar un delito adicional debe reformarse la Ley de Emisión del Pensamiento y no el Código Penal.

Finalmente, cabe advertir que si bien la seguridad y el orden públicos son condiciones indispensables para garantizar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y espacios públicos, así como la prevención y represión de infracciones penales contra las personas, bienes y transacciones, no supone que, bajo el pretexto de la seguridad y el orden públicos, se restrinjan arbitrariamente los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión de ideas. Al respecto, Benjamín Franklin afirma: “Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”, y Thomas Jefferson sostiene: “Prefiero una prensa sin gobierno que un gobierno sin prensa. Lo fundamental es el derecho del pueblo a saber, a estar informado”.

 

Enero-febrero 2018