Costa Rica. El diputado libertario José Alberto Alfaro presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo 2016-132MSP, del Ministerio de Seguridad Pública, que prohíbe el uso de armas de fuego en la prestación de servicios de seguridad privada.160629-istanbul-0343_821d52b7a007bbf7640c5b348676f397-nbcnews-ux-2880-1000

El libertario insiste en que el Ministro se extralimitó en sus potestades y ha puesto en riesgo la vida de los agentes de seguridad y de quienes les contratan.

El legislador, quien es vicepresidente del Congreso, explicó que el objetivo de la petición es garantizar la protección del derecho a la vida de los ciudadanos que actualmente prestan o llegarán a prestar servicios de seguridad privada y evidenciar las flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades de la administración en la toma de decisiones relacionadas al crimen y la delincuencia, aspectos que atañen a toda la colectividad.

“Considero que el acuerdo es violatorio del principio de reserva de ley por restringir aspectos contemplados en la Ley de Armas y Explosivos N° 7530, arrogándose el señor Ministro potestades que son constitucionalmente otorgadas al Poder Legislativo”, Alfaro.

El diputado dijo que no se puede desconocer que estos trabajadores arriesgan su integridad física, convirtiéndose en muchos casos en víctimas que podrían, por la naturaleza de su labor, resultar gravemente heridos, incapacitados permanentemente e incluso podrían perder la vida.

“Este riesgo se incrementa si se les deja en total indefensión al eliminar las armas de fuego como herramientas necesarias para prestar el servicio que ofrecen”, afirmó.

El diputado José Alberto Alfaro insiste en que se está desprotegiendo a los trabajadores de la seguridad privada.

El citado Acuerdo se publicó en el periódico oficial La Gaceta el viernes 2 de setiembre 2016, dejando prácticamente desprotegida a la ciudadanía en bancos, condominios, instituciones públicas, etc.

Alfaro insiste en que es un contrasentido argumentar que con la publicación de este acuerdo se estará atacando la delincuencia y el crimen organizado; y que no es viable que tanto empresarios como instituciones públicas y hasta residenciales se queden sin protección en el tanto un criminólogo o profesional afín determina si un puesto específico amerita o no la asignación de un oficial armado, tal y como lo establece el acuerdo.

Noviembre-diciembre 2016