Nota-Cupula-EmpresarialPor Mundo Ejecutivo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que comanda Juan Pablo Castañón, urgió a acelerar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar el continuo debilitamiento de las instituciones.

“El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), surgió como respuesta a uno de los problemas más apremiantes en el país: la corrupción y la impunidad que dañan la confianza ciudadana, obstaculizan el desarrollo económico y debilitan nuestras instituciones. Cada paso de su diseño, discusión y aprobación contó con la participación de la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y el gobierno, todos juntos cada quien desde su perspectiva”, informó a través de un comunicado.

Sin embargo, detalló el organismo, aún existen pendientes en prácticamente todos los rubros: no se han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, aún no se ha nombrado al fiscal anticorrupción y no se han asignado recursos para su puesta en marcha, entre muchos otros aspectos.

“En el Consejo Coordinador Empresarial, estamos seguros de que el SNA debe ser un parteaguas en la lucha contra la corrupción en nuestro país, y su puesta en funcionamiento debe inaugurar una nueva etapa de nuestra vida institucional. Para ello, se requiere de la voluntad decidida de todas las partes, sin mezquindades ni descalificaciones”, comentó en el documento.

La construcción de instituciones no es un proceso estático. Sabemos que todo organismo, proceso o norma pueden ser perfectibles en el tiempo, pero resulta fundamental iniciar el camino cuanto antes, para responder a las exigencias y necesidades de la sociedad mexicana. Sin duda alguna, va a ser necesario que continuemos fortaleciéndolo y adaptándolo a las nuevas circunstancias, paso a paso en el tiempo, pero debemos iniciar pronto, y hacerlo bien.

“Por esta razón, desde el sector privado reiteramos nuestro exhorto a que los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno trabajen por el fortalecimiento de este sistema, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, con altura de miras y sentido de responsabilidad. Es urgente que se nombre un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares, que brinde certidumbre y confianza al sistema, y que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al Fiscal General”, dijo la cúpula empresarial.

A la vez, que se designen de manera transparente y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y que se liberen los recursos necesarios para que el Comité de Participación Ciudadana pueda llevar a cabo regularmente sus atribuciones y actividades que le han sido asignadas.

“Es inadmisible que estas decisiones, de fundamental trascendencia para el país, se aplacen por cuestiones partidistas o por intereses de grupo. Resulta preocupante que se prevea incumplir el plazo constitucional del 18 de julio para completar el proceso, provocándose retrasos injustificados en el inicio de los trabajos del sistema en su conjunto”.

“Por su parte, los gobernadores y congresos locales deben dar prioridad a las acciones para armonizar su legislación con la federal. Es urgente constituir los órganos necesarios para la operación del sistema, dotándolos de autonomía; con procesos de selección participativos y fortalecerlos, sobretodo sus mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Hoy, un gran porcentaje de las entidades federativas no ha cumplido con esta responsabilidad. Sin un compromiso serio de las entidades federativas, el Sistema quedará trunco y tendrá efectos limitados”, sugirió.

El organismo que conduce Juan Pablo Castañón destacó que si queremos un país con pleno estado de derecho, los poderes del estado deben ser los primeros en respetar la normativa y plazos acordados y sancionados por ley. Si queremos reforzar el tejido social y fomentar el crecimiento económico con confianza, no puede demorarse más la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y cada quien debe cumplir con su parte de responsabilidad.

“Desde el sector empresarial, por nuestro lado, asumimos la responsabilidad de impulsar una verdadera cultura de la legalidad y cumplimiento de la ley. Por ello, estamos trabajando al interior del sector para fortalecer nuestro Código de Ética e Integridad Empresarial e impulsamos la incorporación de la Cláusula Anticorrupción en los contratos con el sector público y también entre las empresas. Además, trabajamos con las autoridades para identificar y mejorar procesos que son susceptibles de corrupción y con alto costo para las empresas dentro de los trámites que realizan ante las distintas autoridades, y también trabajamos en reforzar herramientas como Compranet para el caso de las compras gubernamentales”, comentó.

El diseño del nuevo sistema anticorrupción fue aprobado por todos los partidos políticos y ha sido celebrado como un logro por todos los mexicanos, tanto por la sociedad civil como por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ahora, es tiempo de que ese apoyo se refleje en acciones concretas de todas las partes, para que tenga mejores herramientas que permitan identificar y combatir los focos de corrupción y para crear todos juntos un México más justo y sin impunidad. Eso es lo que nos propusimos.

Los políticos deben entender que ésta no es una concesión generosa a los mexicanos, un trámite más que debe cubrirse o incluso una oportunidad para cambiar las cosas en apariencia sin que nada cambie en la realidad. No sólo la ley demanda, es la sociedad la que exige que las cosas se hagan y se hagan bien. No hay tiempo ya para más parches.

Julio-agosto 2017